IUCM denuncia la inexplicable actuación de la directora del IES Alto Jarama y de los mandos responsables de la Guardia Civil y de la Policía Local de Torrelaguna.

Nov 27

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Según la información con la que cuenta el Área de Educación de IUCM, los incidentes han ocurrido en la localidad madrileña de Torrelaguna  el pasado día 15 de noviembre. Ese día, según el relato de la AMPA,  una docena de agentes del cuerpo de la Guardia Civil y de la Policía Local, armados y acompañados por dos perros adiestrados en la localización de estupefacientes, entraron en las instalaciones del IES Alto Jarama y procedieron al registro del centro y de parte del alumnado.

Durante el incidente, los alumnos y alumnas de varias clases fueron situados contra la pared, haciendo pasar junto a ellos a los perros adiestrados con la intención de detectar  drogas. Así mismo, guardias civiles junto con los perros adiestrados pasaron al interior de las aulas vacías donde comprobaron las pertenencias de los alumnos.

Varios de estos alumnos fueron interrogados por la policía sin la presencia de sus padres, pese a que alguno de ellos la reclamó insistentemente, saltándose así unas instrucciones de la Dirección General de Centros Educativos del Ministerio de Educación y Cultura  remitidas a los Directores Provinciales de Educación, de 14 de julio de 1999 en las que se especifica que “cualquier interrogatorio por parte de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que haya de tener lugar en los centros de enseñanza y de los que sean objeto alumnos menores de edad, sólo se producirá con el consentimiento previo de los padres o tutores legales de los alumnos y en presencia de los mismos”. Pese a que en el centro hay alumnos mayores de edad, una gran parte de los que fueron sacados de clase e intimidados eran menores.

La directora del centro anunció clase por clase que la operación policial se enmarcaba en el «Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos» y recalcó que era «una intervención rutinaria y aleatoria vinculada al Plan Director destinada a demostrar que en el centro no había droga«.

Conviene no olvidar que este Plan de Mejora de la Convivencia no recoge en ninguna de sus páginas la posibilidad de realizar intervenciones de este tipo en el interior de la institución educativa. De hecho, sólo se reconoce en el apartado 2.4. la legalidad de “la vigilancia en las inmediaciones de los centros escolares para prevenir y combatir el consumo, tráfico y tenencia de drogas”.

En el colmo del despropósito, la directora del centro explicó en una de las clases que ese aula había sido elegida para la investigación «con el objeto de demostrar que dos de sus alumnas (y citó los nombres de las dos menores) no llevaban droga en la mochila«. Es lamentable que una persona que  desconoce o se salta la Ley de Enjuiciamiento Civil donde queda muy claro que “los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” ostente un cargo de responsabilidad en el trabajo con alumnado de secundaria.

Si la mencionada directora ha procedido de modo arbitrario e inexplicable, conculcando gravemente multitud de derechos, tanto del alumnado como de sus madres y padres, no menos grave parece la actuación de los mandos de los agentes policiales que intervinieron en la operación porque no pueden alegar desconocimiento de que todos esos derechos estaban siendo agredidos.

Para el Área de Educación de IUCM el incidente solo es un adelanto de lo que se anuncia con la aprobación por parte del Partido Popular de la LOMCE, una contrarreforma, en la que la comunidad educativa no puede participar en el control y gestión de los centros escolares en beneficio de direcciones autoritarias elegidas por la administración.

lali2Lali Vaquero, diputada en la Asamblea de Madrid y responsable de la Secretaría de Educación de ID-CM, se pregunta cómo se han podido producir «unos hechos tan insólitos a la par que ilegales y detestables«. «Alguien debe explicar cómo ha podido desarrollarse una actuación tan aberrante en un centro educativo, interrumpiendo la actividad normal del alumnado e intimidando y sometiendo a interrogatorios a determinados alumnos y alumnas del centro«.

Ayer martes se registrado por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes las correspondientes preguntas en la Asamblea para que la Consejera explique en sede parlamentaria qué va a hacer en este caso y si la directora del IES Alto Jarama cuenta con el apoyo de la Consejería de Educación.

 

Publicado el 27 noviembre, 2013 en Alumnos, AMPAS, Asamblea de Madrid, Área de Educación, Bachillerato, IES, Lali Vaquero, LOCME, Lucía Figar, Secundaria. Añade a favoritos el enlace permanente. 1 comentario.

  1. JOSE A BUENO | 28 noviembre, 2013 en 5:17

    UNA PEDRADA A LA VIRGEN

    Un viejo amigo socialista en los años de la España guerracivilista y con solo 6 años de edad iba con otros amigos de hijos socialistas a difundir a la salida de la misa dominical un folleto titulado “Una pedrada a la Virgen”. La consecuencia habitual era que acababan corriendo delante de los beatos dominicales que se veían en la necesidad de defender a la Virgen de tales energúmenos infantiles, escoria de la cristiandad y todas esas cosas bonitas que pensaban en aquella época. Estos beatos no eran conscientes de que “de hecho”, en el día a día, los que le tiraban pedradas a la Virgen eran ellos mismos con la incoherencia entre su vida y lo que decían comulgar.

    Otro amigo del primero, contaba otra historia de beatos, esta vez de un beato ateo, el tío del blusón de su pueblo, anarquista y foribundamente ateo. Era un señor que usaba siempre como prenda de vestir un blusón desde los hombros hasta los tobillos. Y cuando en cualquier calle del pueblo el tío del blusón se cruzaba con el cura del pueblo y la sotana del cura le rozaba el blusón, se quitaba el blusón allí mismo, sacaba el mechero y le prendía fuego al blusón porque era la única manera de purificar lo que el clero tocara. No podía ir ni un segundo con un blusón que hubiera rozado un cura. En el fondo era otra concepción integrista de la vida, tanto o más que la de los beatos dominicales. Al final, el anarquista, en nombre de la Libertad era el menos libre (seguro que el cura no quemaba su sotana).

    Algo así es lo que ha sucedido estos días con el IES Alto Jarama de Torrelaguna. El asunto en realidad no ha sido la intervención de fuerzas policiales con perros entrenados para la detección de drogas, y si eso es o no adecuado para los jóvenes o vulnera sus derechos. La cuestión de fondo es que el grupo de profesores (no más de cinco en un claustro de unos 35) que alentó una campaña instrumentalizando al AMPA de la localidad vecina y los padres que la apoyaron (no todos lo hicieron), siendo la mayoría de estos padres agenos al centro escolar, lo que pretenden en realidad es utilizar el hecho para una campaña frontal y de descrédito contra la directora y el equipo directivo debido a desavenencias anteriores, vamos… quemarse el blusón, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid… Para ello recurren al esperpento de afirmar que de un claustro de unos 35 profesores (no conozco la cifra exacta) están todos contra sus alumnos menos los cuatro o cinco que son “de los suyos”, estrellas y luz en la oscuridad del sistema educativo español (las palabras parafrasean el absurdo argumentario que han dejado por escrito), y no escatiman insultos, descalificaciones y mentiras hacia el AMPA del instituto que nos ocupa.

    El ataque frontal contra la directora del centro se fundamenta básicamente sobre dos mentiras:

    1.- Que la intervención es ilegal, pero dicha afirmación de ilegalidad no se sostiene en base al «Protocolo de actuación policial con menores» de la s.e.s -insrucción 11/2007-» al que se han ceñido los agentes y la dirección del centro, otra cosa que eso nos guste más o menos.
    Ya hace dos años cuando se planteó la misma polémica en los centros públicos de Alicante las AMPAS requirieron a la Fiscalía de Menores que actuara de oficio porque entendían que se vulneraban los derechos de los niños y jóvenes, la fiscalía contestó al diario de Alicante que no hay ningún tipo de «problema legal» que pueda cuestionarse «mientras haya permiso, se realicen los cacheos conforme a la ley y no exista ningún abuso ni malas prácticas por parte de los agentes, la Fiscalía no entiende que haya que investigar nada”.

    2.- Tampoco es cierto que el “Plan director para la convivencia” prohiba la intervención de los agentes dentro de los centros relegándolos solamente a la actuación en el entorno de los mismos. El “Plan director” dice claramente que se establecerá “un servicio policial que implique una presencia temporal EN ELCENTRO ESCOLAR o en sus inmediaciones, orientada al cumplimiento de los fines previstos en el apartado tercero de la Instrucción SEXTA, excluyendo el mero paso de patrullas policiales por sus inmediaciones, u otra medida análoga, sin una mínima permanencia temporal.” Es decir habrá presencia policial también en el centro escolar. El plan especifica que ese presencia se realizará cuatro veces al año y se intensificará o no a juicio de las autoridades policiales. El plan completo está a disposición en la página del Ministerio de Interior para el que se lo quiera leer, incluyo aquí a los periodistas que ni se han preocupado de confirmar la información publicada el día 27 de noviembre en diferentes medios.

    Personalmente estimo que no deben producirse intervenciones policiales en un centro educativo. Cuando eso sucede algo no funciona en ese cento y eso no es achacable solo a la dirección, un claustro de 35 profesores tiene mucho que ver con eso, algo están haciendo mal con toda seguridad y todos, incluso los beatos, tienen responsabilidad. Pero en caso de realizarse, y realizándose en la legalidad, no debe ser un arma arrojadiza contra nadie por discrepancias pasadas, por lo menos mientras no se demuestre que esa legalidad ha sido vulnerada, ¿se ve que a los más democráticos se les olvida la presunción de inocencia?

    En un centro educativo la tolerancia a cualquier consumo de sustancias estupefacientes debe ser cero. El derecho de los menores a un entorno educativo libre de drogas no acepta rebajas de ningún tipo. Lo que me temo (y esto ya es un juicio personal), que esto no está tan claro entre todos los profesores y por supuesto entre todos los padres, algunos de ellos consumidores más o menos ocasionales de sustancias como la marihuana.

    La dirección no informó ni consultó a los padres sobre la conveniencia de la intervención, pero tampoco los profesores agitadores convocaron claustro extraordinario, ni informaron a los padres antes de lanzar su campaña de descrédito . Estos profesores han intentado instrumentalizar posterioremente a sus alumnos invitándoles a firmar la carta de ataque a la directora y su petición de dimisión. Para la dirección y los alborotadores los padres son un cero a la izquierda. Pero a mi entender el comportamiento de los “beatos de la escuela pública” es más deleznable si cave. Utilizan a los jóvenes de su centro y a los padres de un centro vecino para sus intereses bastardos, acusan indiscriminadamente al claustro y al AMPA del centro y lanzan una campaña mediática que lejos de resolver nada señala ante la opinión pública al centro y a los muchachos que en él estudian, y hacen que este tema se vuelva intratable en su cauce correcto: a través del AMPA y el Consejo Escolar del propio centro, no el del pueblo de al lado . Estos alborotadores han dinamitado los escasos órganos de gestión democrática del centro con su acción desmedida, imprudente e irresponsable. Lejos de trabajar por aquello que dicen defender, lo que han hecho en realidad es tirar UNA PEDRADA A LA ESCUELA PÚBLICA.

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