IU pide que las propuestas de reordenaciones del sistema educativo madrileño las realice una comisión representativa de la Comunidad Educativa.

Sin que tengamos conocimiento de ningún estudio sobre la idoneidad de la actual situación de la red de centros educativos de enseñanza no universitaria en la Comunidad de Madrid, el Gobierno Regional ha decidido acometer una profunda reordenación de centros educativos públicos que entraría en vigor para el curso 2013/2014. Reordenación que, de llevarse a efecto, alteraría de manera sustancial el actual mapa educativo de la Comunidad de Madrid.

Por la información que, hasta ahora, nos ha podido llegar a través de las personas y colectivos afectados, la posible desaparición, fusión y/o transformación de centros educativos públicos compromete a numerosos municipios, como Coslada, Móstoles, Alcalá de Henares, Getafe, Leganés, Aranjuez, etc.

La propuesta de dicha reordenación se ha realizado a través de las Direcciones de Áreas Territoriales correspondientes, sin que previamente se haya abierto ningún tipo de información ni consulta a las comunidades educativas ni a los Ayuntamientos afectados, por tanto, sin posibilidad alguna de negociación ni con ellos ni con los distintos sectores de la comunidad educativa. Nadie, hasta ahora, les ha explicado de manera precisa los motivos de unos cambios que altera, de manera evidente, tanto a la escolarización de un gran número de estudiantes como a la propia plantilla de los centros.
Siendo la Administración Pública la responsable de llevar a cabo una adecuada distribución de los recursos públicos, ésta debe tomarse en función de las necesidades de los destinatarios de estos servicios y más, en este caso, por afectar directamente al ejercicio del Derecho a la Educación.

Los ajustes presupuestarios que pretende llevar a cabo la Consejería de Educación con, fusiones, cierres, o cambios del tipo de enseñanza en los centros educativos, de ninguna manera deben imponerse sin tener en cuenta criterios territoriales, sociológicos y pedagógicos.

También en este caso, la libertad de elección de centro por parte de las familias debería ser defendido por un Gobierno que ha hecho de ello su bandera para promocionar la enseñanza privada.

Resulta curioso que la reordenación de centros introducida por la Consejería de educación en el Anteproyecto de Presupuestos 2013/2014, sólo afecte a la red pública, sin tener en cuenta que según el Barómetro del CIS de marzo de 2012 (página 14), referido a niveles no universitarios, un 53,45 de los ciudadanos llevarían si pudiesen a sus hijos a un centro público, frente al 24,5% que lo harían a un centro privado o el 15,1% que los llevarían a un centro privado concertado.

La Constitución Española en su Art. 27.5 dice textualmente que “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.

Nunca antes, en la Comunidad de Madrid, se había propuesto tal cantidad de modificaciones simultáneas en la configuración de la Red de Centros, por lo que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, de conformidad con el Art. 205 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, presenta para su debate en Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

“La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que proceda, de manera inmediata, a la creación de una Comisión para el Estudio y Diagnóstico de la Red de Centros de Enseñanza no universitaria de la Comunidad de Madrid, con los siguientes criterios:

1. Que dicha Comisión deberá estar formada por los siguientes representantes:

– Administración Educativa de la Comunidad de Madrid.
– Sindicatos de la Enseñanza más representativos en la Comunidad de Madrid.
– Federaciones de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado.
– Federación de Municipios.

2. La Comisión para el Estudio y Diagnóstico de la Red de Centros de Enseñanza no universitaria de la Comunidad de Madrid, elaborará un Informe general de escolarización y distribución de los recursos educativos en la Comunidad de Madrid, de modo que en las modificaciones que se propongan se tenga en cuenta todos los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, tanto los centros públicos, como los centros privados concertados.

3. El trabajo de dicha Comisión deberá estar basado en criterios territoriales, pedagógicos, sociales y de sostenibilidad de la Red de Centros Públicos de la Comunidad de Madrid.”

Eulalia Vaquero, diputada en la Asamblea de Madrid.

 [Texto de la PNL]

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Publicado el 28 noviembre, 2012 en #mareaverde, AMPAS, Asamblea de Madrid, Asociaciones de Vecinos, Consejería de Educación, Familias, IUCM, Lali Vaquero, Recortes, Sindicatos. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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