¿Qué dice el gobierno de que una presidenta autonómica incite al inclumplimiento de normas estatales y de sentencias del Tribunal Supremo?

La diputada de IU responsable de temas de Educación en el Congreso, Caridad García, ha presentado dos preguntas al gobierno sobre los profesores que de modo irregular quiere la Comunidad que den clase en centros públicos.

Las preguntas se hacen en el Congreso de los Diputados ante el incumplimiento de normas estatales por el Gobierno de
la Comunidad de Madrid.

Desde hace algún tiempo, la presidenta de la Comunidad de Madrid multiplica declaraciones y justifica decisiones de insumisión a distintas normas establecidas por instituciones estatales. Baste señalar tres ejemplos: La contratación a dedo de profesores; el mantenimiento de conciertos y subvenciones a centros educativos privados que mantienen la separación de alumnos y alumnas en las clases; y el apoyo a la exigencia de la empresa Las Vegas Sands de permitir fumar en los casinos del futuro complejo Eurovegas.

El actual marco legislativo no permite a las Administraciones Públicas hacer contrataciones para puestos docentes sin la oposición preceptiva. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha seleccionado y contratado a dedo a 28 docentes procedentes de Gran Bretaña e Irlanda para impartir asignaturas en inglés en distintos centros bilingües de la región. Ninguna de las especialidades se ofertó en las últimas oposiciones celebradas en julio de 2012.

Contra la opinión del Ministerio de Educación y Deporte, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció incluso la insumisión a la normativa estatal, diciendo textualmente: “La verdad, creo que vamos a pasar a la insumisión, porque esto no puede ser“.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en respuesta a denuncias presentadas en Andalucía y en Cantabria, emitió en agosto de 2012 sentencias en las que rechaza la legalidad de que los colegios concertados en los que exista separación por sexo reciban subvenciones económicas por parte del Estado, puesto que la actual Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada en el año 2006, determina que no puede existir en la admisión de los alumnos “discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición”.

Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció de inmediato que mantendrá todos los conciertos que tiene con los colegios que separan niños y niñas en el aula.

Sorprendentemente, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, ha anunciado cambios legislativos para que los centros concertados que separen los alumnos por sexos puedan ser subvencionados.

Finalmente, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado públicamente su disposición a que en los futuros casinos de Eurovegas en la región no se apliquen determinadas leyes estatales, como es el caso de la Ley antitabaco.

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

1) ¿Cuál es la valoración del Gobierno de las declaraciones y actuaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid contrarias a la aplicación de determinadas leyes estatales?

2) ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno ante la contratación ilegal de 28 docentes para impartir asignaturas en inglés en los centros bilingües de la Comunidad de Madrid?

Preguntas pasadas por registro

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Publicado el 13 septiembre, 2012 en Esperanza Aguirre, Normativa, Profesores. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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